Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

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10mayo2012

"Es por ello indispensable aplicar conceptos de equidad, justicia, solidaridad e inclusión en los decretos que se aprueben en este período que iniciamos, así como realizar una lucha frontal contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo y el desempleo; procurando un equilibrio entre las  libertades empresariales en el marco del mercado, con la  demandas y necesidades sociales, como lo plantea la Constitución en su Título V relativo al orden económico".

 

 

10mayo2012

(PRECENDENCIA)

Es un honor dar la bienvenida a todos los presentes, así como enviar un atento saludo al pueblo que nos sigue a través de la radio y la televisión legislativa y nuestro portal de internet.

Es un acto de justicia recordar en esta Sesión Solemne, que el pasado 11 de marzo, más de dos millones de compatriotas, a través del ejercicio libre, justo y democrático del sufragio, en un acto de ejercicio de su soberanía, los ciudadanos depositaron en cada una de las Diputadas y Diputados electos, su confianza,  así como sus aspiraciones por más bienestar, más libertades democráticas y mayor seguridad.

Es a ese pueblo entero, que por mandato constitucional nos debemos los parlamentarios, que venimos este día a expresar un compromiso por un desempeño ético, responsable y coherente, en nuestra labor como Diputados y Diputadas para esta legislatura 2012 – 2015.

Recordamos a José Ignacio Ávila, quien fue el primer Diputado salvadoreño, en la historia, él nos representó como Intendencia de San Salvador en las Cortes de Cádiz, que en 1812, hace 200 años, promulgaron la Primera Constitución del Reino español, Constitución que también estuvo vigente en los territorios coloniales y que rompió con el absolutismo de los monarcas.

Luego vino la institución del primer parlamento propio de la región, con el Congreso Federal Centroamericano, que tomó nombre de Asamblea Nacional Constituyente, se reunió un 1º de julio de 1823, para ratificar la independencia de Centroamérica y proclamar su carácter absoluto. Meses más tarde, un 14 de marzo de 1824, a instancias del Dr. José Matías Delgado, se estableció el Primer Congreso Constituyente Nacional de El Salvador, y se denominó “Congreso Constituyente del Estado”, presidido por el Presbítero José Mariano Calderón, ese Congreso se instaló con 18 diputados: quince representando a la Intendencia de San Salvador y tres a la Alcaldía Mayor de Sonsonate, meses más tarde promulgaron la primera Constitución Política del Estado de El Salvador.

En el devenir histórico de nuestro pueblo, tras la vigencia, en ocasiones breve, de una decena de Constituciones, y luego de décadas de represión política y todavía en medio de una  guerra civil que se prolongó por 12 años, se promulgó la Constitución de 1983, la cual fue reformada profundamente en 1991 y 92, a consecuencia de la histórica negociación de los Acuerdos de Paz, acuerdos cuyo Vigésimo Aniversario celebramos a lo largo de todo este año 2012, por Decreto de esta Asamblea Legislativa. Con las reformas se crean instituciones para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos,  y se reestructura el sistema militar y político del país, así como la administración de la justicia.

Se inició así un proceso histórico de democratización del Estado salvadoreño, suceso que marcó un punto de inflexión entre un sistema altamente autoritario y dictatorial, a nuestro actual sistema de representación democrática y proporcional, con miras a avanzar hacia una democracia más participativa y popular.

Este breve recorrido por nuestra historia lo comparto a efectos de apreciar la importancia que reviste la institución legislativa, en razón de sus múltiples funciones asignadas en la Constitución de la República y su contribución al Estado de Derecho y ordenamiento social, en conjunto con los demás Órganos de Gobierno.

Como pueblo que somos, hemos sido testigos del tránsito que la Asamblea Legislativa ha realizado desde su creación formal hasta nuestros días, en donde convergen actores y circunstancias políticas siempre cambiantes.

Hoy nos encontramos a casi 189 años de ese primer ente parlamentario. Desde la firma de los Acuerdos de Paz y antes de la presente, son ya 6 legislaturas las que han prestado juramento. Lo han hecho durante un período de transición que nos ha permitido, a pesar de las turbulencias económicas, los desastres que nos ocasionan a veces la naturaleza, navegar fortaleciendo la paz con democracia. En momentos difíciles, El Salvador ha seguido adelante, porque como pueblo hemos permanecido fieles a los anhelos de esperanza y construcción colectiva de nuestra nación.

Sin lugar a dudas, el trabajo realizado por los 84 Diputados y Diputadas de la pasada legislatura 2009 - 2012, ha servido para mostrar a la ciudadanía, que la institución estatal más representativa y más abierta al escrutinio público, avanzó en su fortalecimiento institucional, transparentando los procesos de formación de ley, y los procedimientos administrativos y por consiguiente, aportando a la democratización del país.

En este periodo, hace aproximadamente 15 meses, asumimos la alta responsabilidad de presidir el Órgano Legislativo. Cuando esto sucedió, se activó la expectativa de la sociedad salvadoreña, porque, por primera vez en la historia de nuestro país, un representante de la izquierda política, con todo lo que ello significa en términos ideológicos, políticos e históricos, asumiría la Presidencia del Primer Órgano del Estado.

En este lapso, la Asamblea Legislativa ha caminado sus esfuerzo para atender los desafíos que enfrenta el país, realizando importantes aportes a la legislación, enfocándose en los problemas nacionales y ayudando a construir soluciones, a través de normativas legales y decisiones legislativas, apropiadas, oportunas y justas.

Al mismo tiempo, hemos redoblado esfuerzos para dignificar a este Parlamento, cimentando su autoridad política y moral frente a la sociedad. En esta perspectiva se ha privilegiado la apertura a la participación de los sectores sociales, a los medios de  comunicación, a los gremios, a los sindicatos, a las organizaciones de Derechos Humanos, a las organizaciones de mujeres, a los jóvenes, a los indígenas; se ha elevado el papel inclusive, de nuestra Asamblea, a nivel regional e internacional, en múltiples foros parlamentarios y otras instancias multilaterales. Con satisfacción podemos afirmar que hoy en día nuestra Asamblea es más eficiente, más ordenada y más transparente; pero también, es más independiente, ya no obedece a los antiguos hilos de los poderes fácticos, que antes predeterminaban la actuación del Órgano Legislativo, al margen de la voluntad ciudadana.

Estamos configurado una nueva filosofía de trabajo a partir de una reingeniería en el cuerpo administrativo. Se han abierto áreas que eran demandadas en  razón de las necesidades de modernización con enfoque social. Entre ellas se puede mencionar, la apertura de una Gerencia de Comunicaciones, de la Oficina de Acceso a la Información Pública, y diversas unidades especializadas, de cara a convertir a la Asamblea Legislativa en una verdadera casa del pueblo, abierta al pueblo. En  esa  misma dirección, inauguramos recientemente nuestro Instituto de Estudios Parlamentarios y Constitucionales, que se convertirá en un centro  de formación e investigación de altos estándares académicos.

Es importante recordar que, a partir de la aplicación de políticas de austeridad y uso racional de los recursos, así como del mismo reordenamiento institucional, pudimos en la anterior legislatura apoyar directamente la labor de entidades humanitarias, culturales y sociales, que trabajan tesoneramente por el bienestar de grupos desprotegidos y vulnerables. Todo ello, sin dejar de cumplir nuestro rol esencial, como ente legislativo, y a la vez de supervisión política de la actuación de otros entes estatales.

Así por ejemplo, por primera vez se procedió a cumplir con la obligación de practicar una auditoria externa a la Corte de Cuentas de la República, obligación que se había postergado por 15 años.

  La legislatura que ha concluido, dio saltos cualitativos y sustanciales en el tema de la transparencia del quehacer legislativo. Así,  por primera vez, se puso a luz pública, procesos y decisiones legislativas que antes muchos, solo podían especular. Debido a ello, la población cuenta ahora con información relevante de primera mano, gracias a esa apertura y transparencia, derivada de una nueva visión parlamentaria, la población es hoy más crítica y fiscalizadora de la actuación de los legisladores y de los grupos parlamentarios. ¡Bienvenida sea la crítica ciudadana honesta, generosa y constructiva, para  mejorar con ella nuestro quehacer legislativo!, ¡Bienvenida sea la voz social, para recordarnos la importancia de la moralidad y de la ética en nuestra función!

Colegas, estimados amigos, invitados:

En  razón del mandato constitucional de aprobación de leyes que le corresponde a este Órgano de Estado,  podemos informar con mucha honra que en la legislatura 2009 – 2012 se aprobaron 101 leyes y centenares de reformas a otros cuerpos normativos, superando el promedio de las dos décadas precedentes.

Es así como aprobamos leyes de gran importancia social y de gran novedad, como las encaminadas a erradicar la violencia y la discriminación hacia las mujeres o la ley para promover a la juventud; o la ley para apoyar a los migrantes y sus familias, sin olvidar la  Ley  de  Lotificaciones. Especial significado tuvo la aprobación de la Ley de Medicamentos y la Ley de Vacunas. En el ámbito económico destacan la Ley de Creación del Sistema de la Banca de Desarrollo; la Ley de Concesión del Puerto del Cutuco, la Ley de Calidad y la Ley de Fomento a la Producción. Aprobamos finalmente, después de años de discusión,  la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, así como la Ley de Acceso a la Información Pública y  una nueva Ley de Ética Gubernamental.

En materia constitucional, hemos abierto paso a  importantes reformas, que al ratificarse vendrán a garantizar el respeto de los derechos de nuestros pueblos indígenas originarios, así como el reconocimiento del derecho humano y universal al agua.

También se aprobaron importantes reformas, como las aplicadas a la ley LACAP, que introduce  mayor celeridad en los procesos de compras e inversión pública, y abre oportunidades a las pequeñas y a las medianas empresas. No podemos dejar de subrayar la aprobación de dos sustantivas reformas fiscales, marcadas por el ingrediente de la justicia tributaria, haciendo que aquellos que tienen más ingresos en esta sociedad tributen un poco más, favoreciendo a los ciudadanos con menores ingresos.

En materia de legislación de derechos humanos, destaca la reforma que eleva las penas a los culpables de delitos de tortura, al catalogarlos como delitos de lesa humanidad. Es importante resaltar la restitución a la memoria histórica del pueblo salvadoreño, al reconocer el Estado, por Decreto de esta Asamblea de manera institucional y oficial cada 24 de Marzo como Día Nacional de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Seguimos atentos y abiertos a conocer cuanto antes la iniciativa de ratificación del Estatuto de Roma, que pondría al país bajo las garantías propias de un sistema de justicia penal universal.

Es importante mencionar que varias de estas iniciativas de Ley, discutidas y aprobadas en esta Asamblea, provenían del Órgano Ejecutivo, y abrieron paso a fructíferas experiencias de diálogo y cooperación inter-órganos, bajo el propósito común de iniciar y posteriormente fortalecer procesos que conduzcan a un mayor bienestar social y a darle impulso a la economía nacional.

Para cumplir nuestro cometido, ha habido que vencer dificultades, ataques, obstáculos e incomprensiones, pero sobre la base del diálogo hemos concertado entre todos los grupos parlamentarios aquí presentes y así hemos logrado avanzar.

Como en todo Congreso, hemos encarado siempre dos alternativas: apoyar aquellas propuestas de desarrollo que beneficien al pueblo salvadoreño, sobre todo a los más desprotegidos y débiles ó  privilegiar a grupos reducidos que siempre fueron los beneficiarios del accionar del Estado. Es  lo primero lo que ha prevalecido en nuestra actuación legislativa.

Respetados Legisladores y Legisladoras, invitados que nos honran con su presencia:

Al inicio de esta nueva legislatura se nos presentan retos de gran magnitud: Debemos continuar buscando soluciones a las condiciones estructurales de pobreza y exclusión. La CEPAL, nos recuerda que en el  2010, en nuestro país el 46.6% de la población era pobre, y un 16.7% era indigente y en ese mismo año, la quinta parte más rica de la población concentraba el 50.6% de los ingresos , y la quinta parte más pobre, a penas un 4.6% de los ingresos. Esto nos lleva  a  una dura  realidad, que en palabras del Premio Nobel Portugués, José Saramago, decía:  “No sólo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas”.

A eso hay que agregar que los más pobres son quienes sufren  de manera más directa y dramática los impactos del cambio climático y de la inseguridad ciudadana.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que la coyuntura económica global no es favorable. En casi todos los países domina un clima económico adverso. Se confirman niveles alarmantes de desempleo en países desarrollados aunándose a ello el reciente ingreso a recesión de economías como Italia, España, que se unen a Grecia y a Portugal, que ya estaban en recesión, y también otras potencias fuera de la zona Euro, como es Gran Bretaña.

Debido a la interconexión en la economía mundial, estos problemas no están aislados de nosotros. La CEPAL proyecta que en un escenario pesimista, la inversión extranjera directa a América Latina y El Caribe va a caer en un  2%, este año en curso, dependiendo de las dimensiones que alcance la crisis en la Zona del Euro . 

Inmersos en este acontecer mundial, hay que reconocer que nuestro país se encuentra severamente limitado para realizar un programa de reformas internas que haga frente a la volatilidad externa, por la condición estructural de ser una economía pequeña y abierta,  además de ser dependiente y desafortunadamente no contar con una política monetaria.

Tenemos pues el reto  de buscar alternativas políticas y económicas que nos permitan despegar hacia un desarrollo más endógeno, acorde a la realidad y necesidad social, tal y como lo han iniciado países de economías emergentes en América Latina y El Caribe.

Debemos estar conscientes que el crecimiento económico se convierte en desarrollo únicamente cuando su fruto beneficia a todos los habitantes. Es por ello indispensable aplicar conceptos de equidad, justicia, solidaridad e inclusión en los decretos que se aprueben en este período que iniciamos, así como realizar una lucha frontal contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo y el desempleo; procurando un equilibrio entre las  libertades empresariales en el marco del mercado, con la  demandas y necesidades sociales, como lo plantea la Constitución en su Título V relativo al orden económico.

Por tanto, insto a los diferentes Grupos Parlamentarios, a entrar de lleno a la discusión y aprobación de leyes y reformas que están pendientes, y que son necesarias para avanzar hacia un desarrollo humano en el país. Cito como ejemplos  la legislación pendiente en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, el manejo integral del recurso hídrico, la prohibición de la minería metálica. La ciudadanía también espera de esta Asamblea Legislativa la Ley contra la Usura, y las  reformas a la Ley  del Sistema de  Tarjetas de Crédito, las reformas a  la Ley de Telecomunicaciones y Energía, las reformas a la Ley  de  Defensa del Consumidor.

Por otro lado, los Diputados y Diputadas,  ante el problema de la seguridad ciudadana, debemos asumir un papel más proactivo en la creación de normas, que brinden mayor sustento jurídico a la lucha contra la criminalidad. En esa perspectiva visualizamos la urgencia de impulsar reformas a la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, y a la Ley de Servicios Privados de Seguridad. Especial urgencia hay que otorgarle a la Ley de Extinción de Dominio, esta última para golpear  a  las  redes criminales donde  más  les duele, es decir en sus bienes mal habidos.  

Como un eje transversal en la creación de leyes, es necesario avanzar en el proceso democrático y que ésta legislatura sea recordada por un nuevo renacer en la dinámica democrática. En tal dirección recae sobre nuestros hombros la responsabilidad de abrir paso a la  conformación pluralista de los Concejos Municipales y el impulso a la Ley de Partidos Políticos, que institucionalice la actividad de los mismos y aporte a la consolidación democrática del país.

Debemos también en esta legislatura, tomar todas las medidas necesarias, para que en el año 2014, nuestra comunidad en el exterior tenga por fin garantizado el derecho al voto.

En este tiempo donde las redes sociales de comunicación acercan distancias y aglutinan esfuerzos, debemos  abrir más espacios para que las salvadoreñas y los salvadoreños realicen aportes en el proceso de formación de las leyes y de las decisiones trascendentales de este país. En esta dinámica, debemos prestar  atención a las iniciativas sociales, amplias, diversas y plurales de la sociedad salvadoreña, en el entendido que nadie puede abrogarse el monopolio de la representación de la sociedad civil.

Por otro lado, es innegable la importancia del diálogo, de la concertación y el respeto a los acuerdos políticos alcanzados entre los diferentes actores institucionales, ello como alternativa al debate estéril que no contribuye a la armonía, a la gobernabilidad y a la democracia en nuestro país.

Los que critican, en detrimento de la institucionalidad política y jurídica del país, los acuerdos políticos que buscan el beneficio de la población,  ignoran la realidad de la sociedad, y no se dan cuenta de que en el mundo de hoy, existen nuevas condiciones que nos exigen la construcción de consensos mínimos, que hagan posible la toma de decisiones, en un ambiente de pluralidad de ideas y creencias.

Solamente así, bajo esta filosofía, es que hemos ido abriendo camino a decisiones legislativas en los diferentes ámbitos, en lo político, lo institucional, lo administrativo, lo fiscal, lo judicial, la seguridad. Poniendo en primer lugar el interés nacional y la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y la democracia.

La legislatura que inicia, ventilará elementos en la coyuntura nacional que demandan, sabiduría y sensatez política, en medio de intenciones de desatar una crisis institucional que busca, -por  parte de ciertos actores económicos y  políticos que la promueven- que se produzca una confrontación entre Órganos de Estado, atentando contra la gobernabilidad democrática, la estabilidad del país, la seguridad jurídica y  el Estado de Derecho.

Como Asamblea, no buscamos una confrontación con ningún Órgano de Gobierno. La  Asamblea ha  exhibido  madurez política ante circunstancias polémicas y complejas relacionadas a la jurisdicción  constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero de ninguna manera dejaremos de ser firmes y contundentes en la defensa de  nuestra Constitución, y dentro ella, de las atribuciones y facultades expresamente otorgadas a este Primer Órgano fundamental del Gobierno.

En tal  sentido, vale reafirmar que lo actuado la Asamblea, el pasado mes de abril en lo referente a la elección de  Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como en las demás elecciones de segundo grado, está  revestido no solo de  legitimidad democrática, si no de una absoluta, repito, absoluta, validez constitucional.

Sobre esas decisiones de la Asamblea, surgen opiniones a favor, otras en contra, eso es propio del proceso político en democracia. Nuestra posición para todas ellas es de respeto, de profundo respeto.

No obstante habrá quienes, se ven tentados, a instrumentalizar la instancia que ejerce la jurisdicción constitucional con fines netamente particulares e individuales, propios de su agenda política, habrá quienes como lo estamos viendo, buscarán que su voz se imponga, se repita muchas veces, pretendiendo que se vuelva una realidad. Sabremos nosotros como representantes electos por el pueblo, aferrarnos a la tolerancia y a la paciencia, pero bajo ninguna circunstancia compartiremos posturas, inspiradas en el capricho y la arbitrariedad,  que socaven nuestro orden constitucional y rompan con el Estado Democrático de Derecho, que desde los Acuerdos de Paz, el Pueblo Salvadoreño, viene construyendo.

Por ello apelamos en este día a la cordura y a la responsabilidad, de aquellos que por presiones o por voluntad propia, pueden verse tentados a cometer imprudencias y abusos en el ejercicio de la autoridad que esta Asamblea les ha conferido, en relación a decisiones legítimas de este Órgano de Gobierno. Un  principio básico del orden constitucional, que debe siempre imperar es el respeto a la independencia de los poderes públicos, en el  ejercicio del mandato que cada uno ha recibido por delegación, directa o indirecta, del único soberano, que es el pueblo salvadoreño.

Aquí vale la pena detenerse brevemente a analizar los alegatos de aquellos que impugnan decisiones legítimas, legales y constitucionales de esta Asamblea, y que con razonamientos engañosos pretenden llevar a la Sala de lo Constitucional a convertirse, sin tener facultades para ello, en Poder Constituyente, cuando su rol es interpretar la Constitución, nunca reformarla. Se le exige así a la Sala que se aparte de los métodos interpretativos universalmente reconocidos en el Derecho, para que de manera arbitraria y antijurídica descubra un supuesto y etéreo “espíritu” en el texto constitucional que ni el Constituyente originario, ni el Constituyente derivado, que reformó esta Constitución para cumplir con los  Acuerdos de Paz, tuvieron nunca en su mente como consta en los documentos que están en poder de esta Asamblea Legislativa. Se llega al desatino de demandar que la Sala declare como “vetusta” la interpretación literal de la Constitución, siendo uno de los principios torales del Derecho, que cuando el texto es claro, no hay por que recurrir a otros métodos interpretativos, es decir que cuando la Ley es clara, no exige interpretación, y la letra de la Ley se debe aplicar de manera directa.

Aquí surge de inmediato una amenaza directa a la seguridad jurídica de este país, ya que la palabra escrita plasma de manera permanente y cierta una idea, mientras que la “intención” o el “espíritu”, que inspiró una norma se prestan a manipulación, cuando el interprete, en este caso una Sala de lo Constitucional, pudieran  ignorar reglas básicas que rompen con la hermenéutica jurídica, corriendo el riesgo con ello de que el método interpretativo deje de ser científico, y se arribe a conclusiones equivocadas o antojadizas. En conclusión, el país está ante el riesgo de que se consume un atentado contra los principios fundamentales de nuestra Constitución, como lo son la separación e independencia de poderes, la democracia representativa y la legitimidad popular directa de la Asamblea Legislativa, así como está en riesgo el mecanismo establecido para una reforma constitucional que se pretende que mediante sentencias se reformen los artículos 131, Ordinal 19°, y 186 de la Constitución, llegando al absurdo jurídico, que una Sala de la Corte Suprema de Justicia, que es resultado de una elección de Segundo Grado, se autoproclame un Poder Constituyente, un Supra Poder mas allá del mismo Poder Soberano.

Es preocupante, el momento que vive el país, pues el ejercicio arbitrario del poder nunca ha conducido a nada bueno en la historia patria, con propósitos inconfesos y bajo argumentaciones políticas antojadizas disfrazadas con la tela de razonamientos jurídicos, se pretende empujar al país a un inmerecido y peligroso choque de poderes. Resulta además preocupante que en este esfuerzo se esté rompiendo con el principio también constitucional de la imparcialidad de los jueces, y es que resulta extraño que un Magistrado de la Sala de lo Constitucional, firme la admisión de una demanda, donde el mismo es parte interesada, y más grave aún que emita opinión sobre esa demanda. Todo ello implica un riesgo de llevar la justicia constitucional a una acción peligrosa para el mismo Estado de Derecho. Con el  mayor respeto planteamos que una Sala de lo Constitucional y oportunamente una Corte Suprema de Justicia en Pleno deberían de actuar con una sana combinación de  mesura, apego absoluto a la legalidad, prudencia y total independencia de los grupos de presión.

Estimados Colegas, Invitados todos, pueblo salvadoreño:

Los aportes al Estado Democrático de Derecho realizados por la Asamblea Legislativa, han sido coherentes con la representación democrática de los partidos políticos, potestad incuestionablemente basada en la Constitución  y relativa a la forma de gobierno.

La presente legislatura tiene el reto ante la nueva pluralidad de su conformación, de iniciar la construcción de espacios de diálogo, concertación y nuevos consensos. El debate en la presente legislatura, en tal sentido, demanda la postura digna de un parlamentario, no  a la del demagogo, no a la del populista, no a la del oportunista que busca socavar la autoridad moral, política  y la legitimidad de la Asamblea. 

Para hacer frente a los grandes desafíos, continuaremos  propiciando la Gobernabilidad, a través de acuerdos  y entendimientos que respeten la voluntad soberana expresada por el pueblo.

En fin, a esta Legislatura que inicia se le presentan grandes formidables desafíos. Nuestro compromiso  es mantener a esta Asamblea en la ruta de más y mejores logros, que sumen al trabajo de los salvadoreños y salvadoreñas hacemos cada día por consolidar nuestra democracia, avanzar en la erradicación de la pobreza y de la exclusión, estimular la inversión, la producción, la productividad y la generación de empleo, mejorar el ambiente de seguridad pública y reducir las vulnerabilidades ambientales.

Dice Paulo Freire: “El futuro hace eclosión a partir de la  transformación del presente como algo dado dándose. De ahí viene el carácter problemático y no inexorable del futuro.  El futuro no es lo que tiene que ser, sino lo que hagamos con y del presente”. Invito a todos y a todas, para que hilvanemos juntos nuestro presente y construyamos nuestro futuro, para tener un país más justo, más solidario y más democrático.

Muchas Gracias.


 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
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